viernes, 11 de agosto de 2017

De la esclavitud al matrimonio civil igualitario. Chile, el largo camino hasta hoy


“Entonces El les dijo:
Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”.
Lucas 20:25

“Todo derecho en el mundo debió ser adquirido por la lucha”
R. von Ihering

El matrimonio entre dos personas del mismo sexo es hoy una realidad legal en muchos países del mundo, incluyendo varios de Nuestra América. En un tiempo más, también será una realidad en el nuestro. Cuánto “más” será ese tiempo, depende en gran medida de que la mayoría de los chilenos lo asuma como parte de sus convicciones éticas y jurídicas, y logre hacer que los parlamentarios, teóricamente sus representantes, lo aprueben. Y para que ello ocurra, la lucha ideológica que significa argumentar y defender la legitimidad de esta institución, es fundamental.
A esa discusión queremos contribuir, desde una perspectiva que, creemos, no ha sido suficientemente desarrollada.
En verdad poco se ha destacado que, como su nombre lo indica, el “matrimonio igualitario”, es de naturaleza “civil”, esto es, “del César”, y se inserta precisamente en el proceso de ampliación y desarrollo de las ideas laicas de igualdad y libertad que simbólicamente estallaran con la Revolución Francesa. Y es que permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, en cuánto unión civil reconocida y respaldada por el estado, constituye precisamente un acto de valoración de la libertad no solo de elegir a quien amar, sino también con quien comprometerse a formar una familia, así como de valoración también de la igualdad con que hombres y mujeres debemos enfrentar nuestra vida afectiva.
Es precisamente en estos términos que la lucha por dicho matrimonio se inserta en el camino de aquel proceso de emancipación iniciado hace más de dos siglos, que los chilenos rememoramos cada año en septiembre. El 18 de septiembre de 1810 se materializó en nuestro país la primera forma autónoma de gobierno surgida desde la Conquista, que sin proponérselo siquiera, dio comienzo al proceso de la independencia, y se transformó en punto de partida de los cambios políticos, sociales y culturales que en estos doscientos años se han ido dando, marcados, en gran medida, por los ideales de la revolución burguesa iniciada hacía siglos en Europa, y que ponía su acento en los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad.
A menudo olvidamos que a septiembre de 1810, nuestra sociedad presentaba una realidad absolutamente contraria a muchas de sus actuales características. Y por sobre todo, que esa realidad se encontraba legitimada por la legislación vigente.
En primer lugar, había una marcada ausencia de libertad, (en menor grado para los españoles y en máximo para los más de 5.000 esclavos que a esa fecha había en nuestro territorio), y una profunda desigualdad, (existían notorias diferencias entre libres y esclavos, españoles y criollos, hombres y mujeres, nobles y plebeyos y un sinnúmero más de divisiones). Y todo ello sancionado legalmente por un conjunto de normas caóticas, generadoras de desigualdad, cargadas de privilegios, y arbitrariedades.
El proceso independentista, que en estricto rigor si bien sacó a los españoles mantuvo a la misma clase social en el poder, generó, a pesar de ello, una evolución social que fue ampliando, dentro del marco de lo que permitía la revolución burguesa, especialmente las ideas políticas de libertad e igualdad.
Entre las primeras medidas adoptadas por los independentistas, debemos destacar la ley sobre libertad de vientre. Por iniciativa de Manuel de Salas, connotado intelectual y político, se dicta el 11 de octubre de 1811 la mencionada ley, que en lo esencial consiste en declarar libres a los hijos de todos los esclavos que nazcan a partir de ese momento en el territorio. Doce años más tarde, y durante el gobierno de Ramón Freire, se aprueba el proyecto de ley que consagra la abolición total de la esclavitud.
En el ámbito de la revolución liberal, el primer paso hacia una mayor libertad estaba dado. Faltaban por cierto muchos otros.
El 15 de septiembre de 1817, el Director Supremo Bernardo O’Higgins expresa: “Queriendo desterrar para siempre las miserables reliquias del sistema Feudal, que ha regido en Chile, y que por efecto de una rutina siega se conserva aun en parte contra los principios de éste gobierno he venido en hacer la declaracion siguiente.- Todo titulo, Dignidad ó Nobleza hereditaria queda enteramente abolida; á los ante dichos condes, marquezes, nobles, ó caballeros de tal ó tal orden, se prohibe darles tales titulos, ni ellos podrán admitirlos. Quitarán todo escudo de armas, ú otro distintivo cualquiera, y se considerarán como unos simples ciudadanos.”
Eliminada la esclavitud y abolidos los títulos de nobleza, ya es otro país el que tenemos.
Otra obra que refleja claramente esta nueva mentalidad, con mayores niveles de libertad e igualdad que se empieza a imponer, es la creación del Cementerio General. La iglesia controla los tres instantes más importantes de la vida de los hombres, al menos en esa época. El nacimiento, que sólo se registra en los templos mediante el bautizo. El matrimonio, “Toca a la autoridad eclesiástica decidir sobre la validez del matrimonio que se trata de contraer o se ha contraído. La lei civil reconoce como impedimentos para el matrimonio los que han sido declarados tales por la Iglesia Católica; i toca a la autoridad eclesiástica decidir sobre su existencia i conceder dispensa de ellos”, dirá más tarde el Código Civil redactado por Andrés Bello. Y la muerte, pues el entierro de los cadáveres, que sólo es posible al interior de las iglesias, o en los cementerios que maneja la Iglesia Católica, está prohibido para quienes no profesan ese culto. El 9 de diciembre de 1821, el Director Supremo Don Bernardo OHiggins, inaugura solemnemente el Cementerio General, dando un paso más a la separación de la Iglesia y el Estado, que alcanzará su máxima expresión más de un siglo después, con la Constitución del 25, pero que aún no se concreta del todo.
Pero la lucha por la igualdad y la tolerancia no se gana de un momento a otro, por el contrario es resultado de décadas, mejor aún, de siglos de lucha y esfuerzo. En nuestro país el proceso de independencia representó un significativo avance hacia la consagración de estos valores, pero lejos se estaba de consolidarlos. Ejemplos precisamente de lo contrario, esto es de la desigualdad y la intolerancia encontramos múltiples durante el siglo XIX. Sólo por recordar algunos, podemos mencionar, a nivel jurídico, el tratamiento que se les da en la ley civil a los hijos y a la mujer. Y en la más cruda realidad, en el genocidio al pueblo mapuche, en el proceso de colonización de sus territorios.
Los siguientes paso más relevante en el triunfo del complejo proceso de consolidación de mayores espacios de libertad e igualdad, se dan en materias de separación de la iglesia del Estado, que se inicia con una ley que permite a los no católicos practicar su culto en recintos particulares y en las escuelas privadas (1870), sigue con el decreto de cementerios de 1871 que establece la sepultura sin distinción de credo en un espacio debidamente separado para los disidentes y permite la creación de cementerios laicos con fondos fiscales o municipales que debían ser administrados por el Estado o el Municipio; y la promulgación, en 1874 del Código Penal, que suprime el fuero eclesiástico. En virtud de esta última disposición canóniga los sacerdotes, que tienen a su cargo, la misión de juzgar a los fieles, no pueden ser juzgados civil ni penalmente por estos, pues ello “desprestigia su autoridad”, “con detrimento de su consideración y respeto que deben inspirar los que han de enseñar el camino de la salvación cristiana”, y por sobre todo, en el ámbito que hoy nos interesa, con la Ley de Matrimonio Civil, en 1884, que entrega a una institución laica y estatal, el registro y consagración legal del matrimonio.
Este proceso va alcanzar su expresión jurídica más relevante con la Constitución de 1925, que separó oficialmente la Iglesia del Estado, estableciéndose para cada una autonomía para tratar los temas relacionados con sus esferas de influencia.
Otro gran paso en la lucha por la igualdad lo constituye el sufragio femenino, que en Chile se otorgó desde 1935 pero sólo en elecciones municipales. El 8 de Enero de 1949, en un acto público, realizado en el Teatro Municipal de Santiago, y con la presencia, donde se encontraba el Presidente, ministros y parlamentarios, se firma la añorada ley de sufragio femenino. Por su aprobación no sólo lucharon destacadas mujeres, sino también muchos hombres, entre los que destaca un gran aliado, Pedro Aguirre Cerda, quien siendo presidente de la república solicitó la redacción de un Proyecto de Ley sobre la materia, el que sin embargo queda estancado luego de la muerte del Presidente, para emerger nuevamente en 1947.
En la misma línea de fortalecimiento de las normas jurídicas que consagran igualdad y libertad, podemos encontrar en las últimas décadas la eliminación de las diferentes categorías de filiación, con la ley 19.585 de 1998, la desaparición, al menos parcialmente, del antiguo delito de sodomía en el Código Penal, con la ley 19.617 de 1999, así como en el proyecto de aborto por tres causales.
Por supuesto que nuestra sociedad continúa con niveles de desigualdad y explotación intolerables. Así por ejemplo, con los pueblos originarios, con las mujeres, con los trabajadores, etc. Pero el tema central que hoy nos guía está relacionado con la evolución legal de las manifestaciones de libertad e igualdad, que podemos vincular a la discriminación que aún existe en materia de las minorías sexuales, y particularmente de la posibilidad del matrimonio homosexual, en el contexto de un matrimonio igualitario.
La definición de sus conductas ha experimentado notables cambios, que dan cuenta de una gran persistencia en la discriminación. Definitivas en alguna época como “pecado nefando”, y grave inmoralidades, pasaron luego a formar parte de la creciente lista de patologías. La exclusión del homosexualismo del Manual de Estadísticas y Diagnóstico de los Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana, en 1980, no ha significado sin embargo su plena aceptación como una orientación sexual diferente, y continúa siendo fuente de discriminación, especialmente motivado por la conducta de la Iglesia Católica. Sobre este tema, esta iglesia, que se opuso sistemáticamente al reconocimiento de los derechos humanos, a la tolerancia de otras manifestaciones religiosas, a la igualdad de los hijos, a la igualdad de la mujer, no sólo sigue sin aprender nada sobre materias sexuales, -lo que ya debería haber hecho con la desobediencia casi absoluta de sus normas por las mujeres católicas en cuanto al uso de los anticonceptivos, y su aquí si “nefando” prontuario en materia de pedofilia - tampoco logra ponerse al día en los valores que como sociedad hemos ido alcanzando. Valores que por cierto, no nos han sido regalados por los detentadores del poder, sino que han sido el resultado de “la lucha por el derecho” de millones de seres humanos.
El matrimonio igualitario, sobre todo con su carga simbólica, es hoy una necesidad social, de justicia, de libertad, de igualdad, una lógica consecuencia de nuestro desarrollo histórico y social, y como todos los derechos, ha de ser resultado de la lucha.
Por último, es siempre necesario destacar, que vivir en un país conservador y represor en lo sexual, no es sólo un tema teórico, ético o filosófico. Es esencialmente práctico. Y para muchas jóvenes que por falta de una educación sexual adecuada han quedado embarazadas, o se han contagiado de VIH, de mujeres maltratadas por el machismo o de personas homosexuales, transexuales o lesbianas, puede ser un problema de vida o de muerte, como trágicamente nos lo recuerdan día a día los casos de Daniel Zamudio, Nabila Rifo, y desgraciadamente, muchos más.

Santiago, agosto de 2017

sábado, 29 de julio de 2017

ABORTO Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CHILENO

En relación con el proyecto de aborto tres causales, una vez más, la derecha conservadora chilena ha amenazado con enviar al Tribunal Constitucional un proyecto de ley aprobado por el parlamento, para que sea este tribunal quien lo rechace, ganando, por esta vía, lo que perdieron, por mayoría absoluta, en el ámbito político parlamentario.

En teoría, un Tribunal Constitucional es un órgano jurisdicción de máxima jerarquía, cuya principal función es hacer efectiva la primacía constitucional, ejerciendo el control de constitucionalidad de todas las normas de inferior jerarquía, y particularmente velando por el respeto de las garantías constitucionales, (en este caso, por el derecho a la vida).

Frente a este tema, nos parece que al menos hay tres cuestiones que podemos plantear: 

1.- ¿Hay argumentos jurídicos para recurrir al Tribunal Constitucional sobre esta materia? 
2.-   ¿Es legítimo que un Tribunal con las características que tiene el nuestro, pueda anular lo que hizo democráticamente el parlamento? 
3.-    ¿Tiene los actuales miembros de este Tribunal Constitucional legitimidad ética y jurídica para resolver sobre esta materia?

Veamos esas interrogantes, pero respondiéndolas de modo inverso.

3.- Tiene los actuales miembros de este Tribunal Constitucional legitimidad ética y jurídica para resolver sobre esta materia?

NO. En nuestra opinión claramente no.

Desde luego, todos han sido nombrados por cuoteo político, esto es, compensando uno y uno, sin que importen sus méritos jurídicos y éticos, lo que los descalifica a priori. Tal es así, que existe una preocupación por el gobierno y la oposición, por saber quién presidirá el tribunal, al momento de fallarse, pues ese voto decide en casos de empate. 

Y como la composición está cuoteada, hoy preside un miembro con “sensibilidad” de gobierno, y en dos o tres semanas más lo hará uno con “sensibilidad” de oposición.

Pero hay más.

Tampoco resulta éticamente aceptable que personas que defendieron la peor dictadura que ha conocido nuestro país, responsable del asesinato y la desaparición de miles de chilenos y de la tortura de decenas de miles, vengan hoy a pontificar como defensores de los derechos constitucionales de las personas.

Por última, una simple revisión de los curricula de varios, da cuenta de una pobreza intelectual, sin ninguna muestra de la estatura jurídica que un tribunal de esta naturaleza requeriría.

2.- Es legítimo que un Tribunal con las características que tiene el nuestro, pueda anular lo que hizo democráticamente el parlamento? 

NO. En nuestra opinión claramente no.

Si bien tribunales de este tipo existen en numerosos países, ello no corresponde a nuestra tradición republicana. Es cierto que por una modificación a la Constitución de 1925 se creó un Tribunal Constitucional en 1970, pero ese duró sólo hasta el golpe de estado, y el actual es creación de la constitución de la Dictadura. Más aún este Tribunal Constitucional se inserta claramente en el conjunto de medidas que Jaime Guzmán, ideólogo de esta constitución, diseñó precisamente para evitar que gobernaran las mayorías. El sistema binominal, que igualaba una representación del 34% con una del 66%, los senadores designados, las leyes con quorum calificado y el Tribunal Constitucional son las principales medidas diseñadas precisamente para evitar el gobierno de las mayorías.

Por otro lado, este Tribunal Constitucional tiene unas funciones absolutamente hipertrofiadas, como no se ven en otras instituciones similares

1.- ¿Hay argumentos jurídicos para recurrir al Tribunal Constitucional sobre esta materia? 

 NO. En nuestra opinión claramente no.

No conocemos los argumentos que la derecha conservadora presentará en el requerimiento ante el Tribunal Constitucional, pero asumimos que en ellos no nos hablarán que “…una mujer presta el cuerpo…” (Ena Von Baer) , o que existe “…una violación normal…” (Espina), o que “… quienes aprueban el aborto son los sucesores de los nazis”.

Asumimos que en lo central se recurrirá al artículo 19 N°1, de la Constitución. 

Allí se lee:
Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:
1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.
La ley protege la vida del que está por nacer.

De este modo, el argumento debería ser del orden de “…la constitución ordena que la vida del que está por nacer se proteja y esta ley hace lo contrario, permite su muerte…”

Ahora bien, ese argumento presenta varias inconsistencias.

De partida, lo que la constitución dice allí, es que constitucionalmente hay una clara distinción entre “las personas”, respecto de quien se asegura el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, y el que está por nacer, para quien la ley –no la constitución- debe proteger sólo la vida. Se trata entonces de realidades jurídicas distintas, con diferente nivel de protección, siendo claramente mayor el que corresponde a la persona.

Pero además, la constitución no ordena proteger la vida del no nacido, sino del que “está por nacer”, y si hay una disciplina en la que las palabras importan, es el derecho y ello lógicamente corresponde sólo a quien muy pronto va a nacer. Está por llegar, está por irse, está por venir, son claras expresiones de algo que se espera que ocurra muy pronto, no en varios meses más.

Pero hay más, la vida no se protege siempre y a todo evento. Ni siquiera la del nacido. De hecho esa propia constitución contempla la legitimidad de la pena de muerte (que curiosamente lucharon por mantener los mismos hoy contrarios al aborto), vigente hasta hoy en nuestro país en el Código de Justicia Militar. Por otro lado, sigue siendo lícito matar a otro en legítima defensa, y tampoco se puede sancionar penalmente a quien mata en estado de necesidad exculpante. Es decir, no obstante la clara disposición constitucional, hay excepciones que legitiman la muerte bajo ciertas circunstancias. Se nos dirá que son excepcionales. Si, también lo son las tres causales que permiten aprobar el aborto.

Por último, no podemos olvidar que cuando se dicta esa norma constitucional, (1980) y durante años, (sin que la derecha conservadora dijera una sola palabra en contra, pues su poción “pro vida” les llegó recién) sigue siendo legítimo un tipo de aborto.
Es decir, existe una total y absoluta compatibilidad entre legalizar el aborto y mantener el texto constitucional vigente sobre la materia.

                                                                  Santiago, julio de 2017


domingo, 29 de enero de 2017

Sobre el texto “Acoger y promover la Vida” de la Conferencia Episcopal de Chile




La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, en relación con las “Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad”, ha propuesto una serie de “… reflexiones a los creyentes y a los hombres y mujeres de buena voluntad para meditar responsable e integralmente sobre los problemas que nos aquejan como sociedad, para buscar soluciones que enaltezcan el alma de Chile, pensando en el país que queremos construir de cara al Bicentenario”(35).
En un país donde se discute tan poco sobre estas materias, valoramos una instancia que pareciera promover la reflexión y la deliberación en éste ámbito.
Bajo esta premisa, queremos hacer nuestra propia contribución sobre el texto del episcopado, que se refiere tanto aspectos formales como al contenido de él.
En cuanto a los aspectos “formales”.
1.      Lo primero que debe destacarse, es que el texto trata de “reflexiones” (8), elaboradas especialmente “a partir de los estudios de distinguidos académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile..”. Es decir, ni estamos hablando de dogmas religiosos respecto de los cuales los católicos no pueden discrepar, ni de reflexiones resultados de un amplio y democrático debate al interior de la Iglesia, sino de las opiniones emanadas a partir de los trabajos de un reducido grupo de personas –por muy distinguidas que sean- que además comparten una unidad de pensamiento, como se puede apreciar en la multiplicidad de artículos y trabajos que sobre estas materias han publicado. Sobre el particular, es necesario recordar que “estudios de distinguidos académicos” de otras universidades del mundo –incluyendo Chile- opinan de manera distinta.
2.      Por otro lado, el documento parte por pecar de una de las mismas deficiencias que critica. Como se puede apreciar de su simple lectura, se trata de un documento de unas 7 páginas, que en 35 apartados dice relación con una enorme diversidad de temas y conceptos altamente complejos (persona, ser humano, dignidad humana, relativismo ético, ética antropológica, perspectiva de género, bioética principalista, autonomía de la voluntad, concepto y ética del ejercicio de la medicina, por señalar sólo algunos) y de variadas perspectivas, (ética, antropológica, jurídica, psico social y de salud pública, biomédica, etc., sin olvidar por cierto la religiosa). Es decir, claramente “… el texto está redactado de tal modo que no permite el necesario desarrollo y profundización que exigen temas como éste”, cuestión que precisamente se critica en el número 12, respecto del texto del Ministerio de Salud.
3.      En su número 22 se señala “Las Normas (se refiere al documento que se critica) contienen una visión ideológica de cómo debe formarse la familia, que excede largamente la competencia que el Estado tiene en relación a ella, pues su deber constitucional y civil se traduce en su resguardo y protección garantizando su adecuada autonomía”. No tengo claro que así sea, pero si tengo claro que el documento del Episcopado “contienen una visión ideológica de cómo debe formarse la familia, que excede largamente la competencia que el Estado tiene en relación a ella”, y que es la que la Jerarquía de la Iglesia Católica ha intentado imponer.
4.      Por último, respecto de un tema de consistencia ética nos llama la atención que no se promueve la eliminación de los Dispositivos Intra Uterinos, (DIU), respecto de los cuales no existe duda alguna que al menos uno de sus efectos dice relación con su carácter de interruptores de la anidación. Y por otro lado, que este ataque a la difusión de la llamada píldora del día después, sólo se promueve respecto del Estado cuando éste la pone a disposición de los sectores más desposeídos de la población y no respecto de los médicos particulares, que en el ejercicio privado de sus consultas, vienen desde antes entregándola a jovencitas de 14 años o más, por supuesto sin considerar el rol de los padres.
En cuanto a los aspectos de fondo
Como ya lo hemos señalado, son innumerables los temas de fondo que el texto aborda, de modo que resulta imposible referirse a cada uno de ellos con un mínimo de profundidad. Existe un tema sin embargo que marca la discusión en cuanto a la píldora del después, la células madres embrionarias, la criopresercación de embriones, etc. Se trata de la afirmación de que existe un ”ser humano antes de su implantación”(20).
Esta afirmación, que sólo tiene sustento si se parte del supuesto que el ser humano comienza con la fecundación, no concita el acuerdo unánime de la Iglesia Católica, ni antes (Santo Tomás y los grandes pensadores medievales ), ni ahora (J. Feiner, J. Doncel, S.J., y otros). A ella nos queremos referir con más detalle:
  1. Lo primero es destacar que ella se plantea exclusivamente a nivel de ser humano, y nunca referida a plantas o animales, como debiera serlo si se asume como una consecuencia ontológica, y no de simple opción humana. Que sepamos, nadie ha sostenido nunca que quemar unos piñones sea algo paralelo al incendio de bosques, (y en este caso de una especie protegida), o que echar al sartén un par de huevos pudiera constituir el delito de maltrato o crueldad con animales, (art. 291 bis del C. Penal).
  2. Pero más grave que todo lo anterior, es que tampoco se asumen las consecuencias que presenta la hipótesis de la fecundación en cuanto a los propios seres humanos. Al respecto es posible al menos distinguir las siguientes:
1.      La primera, si se quiere ser consecuente con la hipótesis de que el individuo comienza con la fecundación, parece una verdadera paradoja: no todos los individuos humanos comienzan con la fecundación. El planteamiento mencionado nos obliga a reconocer que al menos habría tres caminos diferentes, empleados por la naturaleza, para iniciar la existencia del individuo humano. a) Fecundación, la más frecuente. b) Bipartición o fisión binaria. La existencia de gemelos univitelinos, esto es, con origen en el mismo óvulo fecundado por el mismo espermatozoide, mostraría que un ser humano se dividió en dos para dar origen a individuos diferentes. c) Fusión. Análisis genéticos permitieron detectar la existencia de personas constituidas por la fusión de dos cigotos o embriones distintos. Es decir, sus estructuras genéticas eran el resultado de la fusión de óvulos distintos, fecundados por espermatozoides diferentes, seres humanos ya, en la hipótesis de la fecundación.
2.      Si a todo esto agregamos la posibilidad –teórica al menos por el momento- de que por métodos artificiales se tenga origen en una clonación por transferencia de núcleo, habría una cuarta forma de originarse, y si además incluimos el proceso de partenogénesis, una quinta.
3.      La otra conclusión lógica que se desprende desde el simple análisis de la realidad biológica: no todos los que se iniciaron como “seres humanos” con la fecundación, terminarán su vida como “seres humanos”. “Un embrión de 8 células puede seguir adelante su camino hacia una mórula, blastocisto, implantarse y constituir finalmente una persona. El mismo embrión puede transformarse en un tumor llamado mola hidatiforme o en un cáncer llamado coriocarcinoma que de no ser tratado mata a la mujer” explica Fernando Zegers-Hochschild. Es decir, ahora resulta que, en el caso de la mola hidatiforme, un individuo humano se ha transformado en una masa, en una sobreproducción de tejidos, generalmente compuesto de material placentario que crece sin control. Más dramático aún resulta la situación del coriocarcinoma, tumor cancerígeno, y a menudo metastático, que puede desarrollarse a partir de un cigoto. De aceptar el planteamiento que cuestionamos, se habría pasado…. ¡De ser humano a cáncer! ¿Podría ser esa la evolución de un ser humano?
4.      Desde la perspectiva jurídica, considerando que parientes son lois que descienden unos de otros, y siguiendo la hipótesis de la fecundación, los que tienen su origen mediante ella tendrían padres, los gemelos sólo abuelos y las quimeras, serían una especie de hijos de si mismos.
5.      Sin entrar en detalles, y para ser consecuente con el resto del sistema, en el ámbito del derecho penal debiéramos generar una serie de nuevas figuras penales. De partida una análoga al aborto –que por definición siempre se ha cometido sobre una mujer embarazada- pero destinada a proteger la vida del preembrión en situación extracorpórea. Del mismo modo, debiéramos sancionar penalmente la criopreservación de embriones, ya con la figura tradicional del secuestro –encerrar o detener dice nuestro Código Penal- o con un tipo especial creado al efecto. Como en todo caso se trata necesariamente de un delito permanente, se debiera regular la situación de los preembriones preexistentes a la fecha de la aprobación de la norma, pues a partir de su entrada en vigencia esa situación no podría continuar, ya que de hacerlo, se cometería el delito de secuestro. Por supuesto tampoco se les podría destruir, pues en este caso se cometería un delito análogo al homicidio.
6.      Concluyamos que de aceptarse la tesis de la fecundación, debiéramos cambiar radicalmente los textos de biología, pues resulta que ahora los seres humanos se reproducen, de manera sexual, pero también asexual, por bipartición, como las bacterias, pueden incluso fusionarse para producir nuevos individuos y sus relaciones de parentesco son el caos, dependiendo en gran medida del azar. Desde la perspectiva de su fin, algunos humanos morirán, en cuanto cese irreversible de las funciones encefálicas, pero otros no, no sólo porque aún no comienzan a tener dichas funciones, sino porque se transformaron en una masa celular que creció sin control, o en un tumor cacerígeno altamente metastático. Y desde el punto de vista de su tiempo vital, podrían los seres humanos sentir que ya casi han alcanzado la eternidad, mediante su crioconservación en estado de preembriones.
7.      En fin, si recordamos la imagen tradicional de ser humano, debemos señalar que todas las líneas conceptuales que buscan definir, precisar o simplemente describirlo, y para los efectos que aquí nos interesan, insisten en la idea de unicidad (ser único e irrepetible) y de unidad (un solo ser). Un ser humano es uno, único e indivisible. Juan R. Lacadena Calero, destacado científico español especialista en genética y bioética indica que “La individualización de un nuevo ser requiere que se den dos propiedades: la unicidad -calidad de ser único- y la unidad, realidad positiva que se distingue de toda otra; es decir, ser uno solo”. El sujeto biológicamente humano, se ha entendido siempre como indivisible, idéntico a si mismo durante toda su trayectoria vital, es decir que cualquiera sea el desarrollo que se de, los cambios que experimente, sigue siendo un sujeto único y el mismo, pues su identidad permanece.  Pues bien, como se puede apreciar, ninguna de todas estas características, atribuidas como esenciales del ser humano, se dan ante la hipótesis de la fecundación como inicio de éste.
8.      Es decir, de aceptarse la hipótesis de la fecundación como inicio del ser humano, que es la que fundamenta todo el texto del Episcopado que analizamos, debemos cambiar radicalmente la concepción de ser humano que hemos ido elaborando a través de la historia, y que es la que sustenta actualmente nuestro ordenamiento jurídico, social y moral.


Santiago 11 de enero de 2007