viernes, 11 de agosto de 2017

De la esclavitud al matrimonio civil igualitario. Chile, el largo camino hasta hoy


“Entonces El les dijo:
Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”.
Lucas 20:25

“Todo derecho en el mundo debió ser adquirido por la lucha”
R. von Ihering

El matrimonio entre dos personas del mismo sexo es hoy una realidad legal en muchos países del mundo, incluyendo varios de Nuestra América. En un tiempo más, también será una realidad en el nuestro. Cuánto “más” será ese tiempo, depende en gran medida de que la mayoría de los chilenos lo asuma como parte de sus convicciones éticas y jurídicas, y logre hacer que los parlamentarios, teóricamente sus representantes, lo aprueben. Y para que ello ocurra, la lucha ideológica que significa argumentar y defender la legitimidad de esta institución, es fundamental.
A esa discusión queremos contribuir, desde una perspectiva que, creemos, no ha sido suficientemente desarrollada.
En verdad poco se ha destacado que, como su nombre lo indica, el “matrimonio igualitario”, es de naturaleza “civil”, esto es, “del César”, y se inserta precisamente en el proceso de ampliación y desarrollo de las ideas laicas de igualdad y libertad que simbólicamente estallaran con la Revolución Francesa. Y es que permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, en cuánto unión civil reconocida y respaldada por el estado, constituye precisamente un acto de valoración de la libertad no solo de elegir a quien amar, sino también con quien comprometerse a formar una familia, así como de valoración también de la igualdad con que hombres y mujeres debemos enfrentar nuestra vida afectiva.
Es precisamente en estos términos que la lucha por dicho matrimonio se inserta en el camino de aquel proceso de emancipación iniciado hace más de dos siglos, que los chilenos rememoramos cada año en septiembre. El 18 de septiembre de 1810 se materializó en nuestro país la primera forma autónoma de gobierno surgida desde la Conquista, que sin proponérselo siquiera, dio comienzo al proceso de la independencia, y se transformó en punto de partida de los cambios políticos, sociales y culturales que en estos doscientos años se han ido dando, marcados, en gran medida, por los ideales de la revolución burguesa iniciada hacía siglos en Europa, y que ponía su acento en los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad.
A menudo olvidamos que a septiembre de 1810, nuestra sociedad presentaba una realidad absolutamente contraria a muchas de sus actuales características. Y por sobre todo, que esa realidad se encontraba legitimada por la legislación vigente.
En primer lugar, había una marcada ausencia de libertad, (en menor grado para los españoles y en máximo para los más de 5.000 esclavos que a esa fecha había en nuestro territorio), y una profunda desigualdad, (existían notorias diferencias entre libres y esclavos, españoles y criollos, hombres y mujeres, nobles y plebeyos y un sinnúmero más de divisiones). Y todo ello sancionado legalmente por un conjunto de normas caóticas, generadoras de desigualdad, cargadas de privilegios, y arbitrariedades.
El proceso independentista, que en estricto rigor si bien sacó a los españoles mantuvo a la misma clase social en el poder, generó, a pesar de ello, una evolución social que fue ampliando, dentro del marco de lo que permitía la revolución burguesa, especialmente las ideas políticas de libertad e igualdad.
Entre las primeras medidas adoptadas por los independentistas, debemos destacar la ley sobre libertad de vientre. Por iniciativa de Manuel de Salas, connotado intelectual y político, se dicta el 11 de octubre de 1811 la mencionada ley, que en lo esencial consiste en declarar libres a los hijos de todos los esclavos que nazcan a partir de ese momento en el territorio. Doce años más tarde, y durante el gobierno de Ramón Freire, se aprueba el proyecto de ley que consagra la abolición total de la esclavitud.
En el ámbito de la revolución liberal, el primer paso hacia una mayor libertad estaba dado. Faltaban por cierto muchos otros.
El 15 de septiembre de 1817, el Director Supremo Bernardo O’Higgins expresa: “Queriendo desterrar para siempre las miserables reliquias del sistema Feudal, que ha regido en Chile, y que por efecto de una rutina siega se conserva aun en parte contra los principios de éste gobierno he venido en hacer la declaracion siguiente.- Todo titulo, Dignidad ó Nobleza hereditaria queda enteramente abolida; á los ante dichos condes, marquezes, nobles, ó caballeros de tal ó tal orden, se prohibe darles tales titulos, ni ellos podrán admitirlos. Quitarán todo escudo de armas, ú otro distintivo cualquiera, y se considerarán como unos simples ciudadanos.”
Eliminada la esclavitud y abolidos los títulos de nobleza, ya es otro país el que tenemos.
Otra obra que refleja claramente esta nueva mentalidad, con mayores niveles de libertad e igualdad que se empieza a imponer, es la creación del Cementerio General. La iglesia controla los tres instantes más importantes de la vida de los hombres, al menos en esa época. El nacimiento, que sólo se registra en los templos mediante el bautizo. El matrimonio, “Toca a la autoridad eclesiástica decidir sobre la validez del matrimonio que se trata de contraer o se ha contraído. La lei civil reconoce como impedimentos para el matrimonio los que han sido declarados tales por la Iglesia Católica; i toca a la autoridad eclesiástica decidir sobre su existencia i conceder dispensa de ellos”, dirá más tarde el Código Civil redactado por Andrés Bello. Y la muerte, pues el entierro de los cadáveres, que sólo es posible al interior de las iglesias, o en los cementerios que maneja la Iglesia Católica, está prohibido para quienes no profesan ese culto. El 9 de diciembre de 1821, el Director Supremo Don Bernardo OHiggins, inaugura solemnemente el Cementerio General, dando un paso más a la separación de la Iglesia y el Estado, que alcanzará su máxima expresión más de un siglo después, con la Constitución del 25, pero que aún no se concreta del todo.
Pero la lucha por la igualdad y la tolerancia no se gana de un momento a otro, por el contrario es resultado de décadas, mejor aún, de siglos de lucha y esfuerzo. En nuestro país el proceso de independencia representó un significativo avance hacia la consagración de estos valores, pero lejos se estaba de consolidarlos. Ejemplos precisamente de lo contrario, esto es de la desigualdad y la intolerancia encontramos múltiples durante el siglo XIX. Sólo por recordar algunos, podemos mencionar, a nivel jurídico, el tratamiento que se les da en la ley civil a los hijos y a la mujer. Y en la más cruda realidad, en el genocidio al pueblo mapuche, en el proceso de colonización de sus territorios.
Los siguientes paso más relevante en el triunfo del complejo proceso de consolidación de mayores espacios de libertad e igualdad, se dan en materias de separación de la iglesia del Estado, que se inicia con una ley que permite a los no católicos practicar su culto en recintos particulares y en las escuelas privadas (1870), sigue con el decreto de cementerios de 1871 que establece la sepultura sin distinción de credo en un espacio debidamente separado para los disidentes y permite la creación de cementerios laicos con fondos fiscales o municipales que debían ser administrados por el Estado o el Municipio; y la promulgación, en 1874 del Código Penal, que suprime el fuero eclesiástico. En virtud de esta última disposición canóniga los sacerdotes, que tienen a su cargo, la misión de juzgar a los fieles, no pueden ser juzgados civil ni penalmente por estos, pues ello “desprestigia su autoridad”, “con detrimento de su consideración y respeto que deben inspirar los que han de enseñar el camino de la salvación cristiana”, y por sobre todo, en el ámbito que hoy nos interesa, con la Ley de Matrimonio Civil, en 1884, que entrega a una institución laica y estatal, el registro y consagración legal del matrimonio.
Este proceso va alcanzar su expresión jurídica más relevante con la Constitución de 1925, que separó oficialmente la Iglesia del Estado, estableciéndose para cada una autonomía para tratar los temas relacionados con sus esferas de influencia.
Otro gran paso en la lucha por la igualdad lo constituye el sufragio femenino, que en Chile se otorgó desde 1935 pero sólo en elecciones municipales. El 8 de Enero de 1949, en un acto público, realizado en el Teatro Municipal de Santiago, y con la presencia, donde se encontraba el Presidente, ministros y parlamentarios, se firma la añorada ley de sufragio femenino. Por su aprobación no sólo lucharon destacadas mujeres, sino también muchos hombres, entre los que destaca un gran aliado, Pedro Aguirre Cerda, quien siendo presidente de la república solicitó la redacción de un Proyecto de Ley sobre la materia, el que sin embargo queda estancado luego de la muerte del Presidente, para emerger nuevamente en 1947.
En la misma línea de fortalecimiento de las normas jurídicas que consagran igualdad y libertad, podemos encontrar en las últimas décadas la eliminación de las diferentes categorías de filiación, con la ley 19.585 de 1998, la desaparición, al menos parcialmente, del antiguo delito de sodomía en el Código Penal, con la ley 19.617 de 1999, así como en el proyecto de aborto por tres causales.
Por supuesto que nuestra sociedad continúa con niveles de desigualdad y explotación intolerables. Así por ejemplo, con los pueblos originarios, con las mujeres, con los trabajadores, etc. Pero el tema central que hoy nos guía está relacionado con la evolución legal de las manifestaciones de libertad e igualdad, que podemos vincular a la discriminación que aún existe en materia de las minorías sexuales, y particularmente de la posibilidad del matrimonio homosexual, en el contexto de un matrimonio igualitario.
La definición de sus conductas ha experimentado notables cambios, que dan cuenta de una gran persistencia en la discriminación. Definitivas en alguna época como “pecado nefando”, y grave inmoralidades, pasaron luego a formar parte de la creciente lista de patologías. La exclusión del homosexualismo del Manual de Estadísticas y Diagnóstico de los Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría Americana, en 1980, no ha significado sin embargo su plena aceptación como una orientación sexual diferente, y continúa siendo fuente de discriminación, especialmente motivado por la conducta de la Iglesia Católica. Sobre este tema, esta iglesia, que se opuso sistemáticamente al reconocimiento de los derechos humanos, a la tolerancia de otras manifestaciones religiosas, a la igualdad de los hijos, a la igualdad de la mujer, no sólo sigue sin aprender nada sobre materias sexuales, -lo que ya debería haber hecho con la desobediencia casi absoluta de sus normas por las mujeres católicas en cuanto al uso de los anticonceptivos, y su aquí si “nefando” prontuario en materia de pedofilia - tampoco logra ponerse al día en los valores que como sociedad hemos ido alcanzando. Valores que por cierto, no nos han sido regalados por los detentadores del poder, sino que han sido el resultado de “la lucha por el derecho” de millones de seres humanos.
El matrimonio igualitario, sobre todo con su carga simbólica, es hoy una necesidad social, de justicia, de libertad, de igualdad, una lógica consecuencia de nuestro desarrollo histórico y social, y como todos los derechos, ha de ser resultado de la lucha.
Por último, es siempre necesario destacar, que vivir en un país conservador y represor en lo sexual, no es sólo un tema teórico, ético o filosófico. Es esencialmente práctico. Y para muchas jóvenes que por falta de una educación sexual adecuada han quedado embarazadas, o se han contagiado de VIH, de mujeres maltratadas por el machismo o de personas homosexuales, transexuales o lesbianas, puede ser un problema de vida o de muerte, como trágicamente nos lo recuerdan día a día los casos de Daniel Zamudio, Nabila Rifo, y desgraciadamente, muchos más.

Santiago, agosto de 2017